La recolección de ideas y sugerencias para la reglamentación de la ley antirracista avanza bajo cuatro ejes en Oruro y Sucre: educación, administración pública, comunicación y economía. La norma exige al menos 19 medidas de prevención y educación destinadas a erradicar la discriminación y el racismo, dice Cambio.bo
El director del Viceministerio de Descolonización, Idón Chivi, informó que hoy se iniciarán “talleres simultáneos de consulta en las ciudades de Sucre y de Oruro, luego haremos un alto para ver la primera experiencia”.
El martes 9 de noviembre se realizarán los talleres en las ciudades de La Paz y Santa Cruz; el día 10 en Cochabamba y Tarija; el 11 en Pando y Beni, y el 12 de noviembre en Potosí”, señaló. También se prevé para el 18 de noviembre un taller nacional en La Paz.
La norma que será reglamentada establece en el capítulo II –como política pública– medidas de prevención y educación en cuatro ámbitos.
“Por ejemplo, en el sistema educativo tenemos que incorporar mecanismos reglamentarios que puedan definir faltas, sanciones en el sistema educativo, lo mismo en el ámbito de los funcionarios públicos. Si un funcionario público comete un delito o una falta se agrava en un tercio su pena”, señaló Chivi.
Locales públicos
Además de esas medidas, el capítulo IV, sobre instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y toda forma de discriminación, en el artículo 15, establece la prohibición de restringir el acceso a locales públicos.
La norma indica también la obligatoriedad de exhibir carteles en el ingreso a los establecimientos públicos que aclaren que “todas las personas son iguales ante la ley”.
El reglamento general de la norma antirracismo debe emitirse en un plazo no mayor al 8 de enero de 2011.
Chivi explicó que la ley ya está en vigencia y que la reglamentación es para definir las faltas, pero los delitos ya pueden ser investigados por el Ministerio Público si es que se produce una violación a la norma.
“La reglamentación tiene que establecer los mecanismos de prevención y de sanción para las conductas consideradas racistas y discriminatorias; estas conductas están especificadas en la propia ley”, explicó.
Aclaró que en el caso de delitos de racismo y discriminación, la ley establece modificaciones al Código Penal por las cuales cualquier denuncia debe ir ante el Ministerio Público y ser tratada por un juez de Partido en lo Penal.
Si el caso se refiere a una falta, contravención o infracción (según el derecho comparado), debe ir por mecanismos disciplinarios internos, tanto en el sistema educativo y en la administración pública como en los medios de información masiva, señaló.
Dijo que esos mecanismos disciplinarios pueden involucrar sanciones económicas y multas. “Hasta tratamiento psicológico, hasta despido, midiendo la gravedad de la ofensa a la dignidad humana”, dijo.
Caso medios de información masiva
Chivi fue claro al aseverar que a los propietarios de medios de información masiva y algunos periodistas que cuestionan los artículos 16 y 23 de la ley antirracista les queda ir a la reglamentación o ser reglamentados. “(Los medios) tienen dos vías: o ser parte de la reglamentación o ser reglamentados, no hay otra”, señaló.
Explicó que como Ejecutivo recibieron el mandato del Legislativo para reglamentar la norma en un determinado plazo, el cual será cumplido.
Trabajadoras del hogar, preocupadas
La Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar (Fenatrahob), a través de su representante, Daniela Quenta, señaló que participarán en la reglamentación. También indicó que están preocupadas porque ellas son uno de los grupos más vulnerables al maltrato y la discriminación dentro de la familia a la que colaboran con las tareas domésticas. “Nuestras preocupaciones son el hecho de que muchas de las compañeras llegan del área rural a trabajar y son discriminadas y explotadas laboralmente. Hay preocupación porque las empleadoras nos dicen que debemos cambiar la ropa y también por el hecho de que hablan quechua o aymara (se discrimina)”, señaló.
Agregó que varias trabajadoras del hogar no se quejan “porque a veces no están capacitadas para denunciar esa discriminación y al final la gente (los empleadores) dicen: ‘nadie puede entrar a mi casa’”, señaló.
“Debemos cambiar la mentalidad y trabajar desde la educación en la casa y en las escuelas sobre los derechos que tenemos. Si no cambiamos la mentalidad, las leyes no nos harán cambiar”, sostuvo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario