Medios con 5 faltas a Ley 045 perderán su licencia

Antirracismo. Avanza el reglamento de la Ley 045 para sancionar a medios de comunicación e información.

- “No podemos darnos el lujo de que una vez que cometan la falta (los medios), la sigan cometiendo", manifestó el viceministro de Descolonización, Idón Chivi.

La reglamentación de la Ley 045 de Lucha contra el Racismo y la Discriminación sancionará a los medios de comunicación con la suspensión de licencias en caso de que cometan más de cinco faltas a la norma, dice La Razón.

Así lo informó el viceministro de Descolonización, Idón Chivi, quien explicó que en la reglamentación de la Ley 045 se apartó la propuesta hecha por la plataforma de comunicadores y periodistas y la de Erbol, que sugerían una gradualidad hasta de 10 faltas en la norma para la suspensión de la licencia.

“Hemos hecho una reducción sustancial a menos de la mitad. Nos parecía una barbaridad, en temas y efectos prácticos no nos llevaba a ninguna parte. Estamos viendo que las sanciones administrativas y disciplinarias sean rápidas y no demoremos”, indicó Chivi.

Aseguró que esa alternativa fue consensuada con todo el gabinete ministerial. “No podemos darnos el lujo de que una vez que cometan la falta (los medios), la sigan cometiendo. Fue un tema complicado”, reconoció.

Para Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el tema no pasa por el número de faltas y sostiene que “difícilmente un medio reincidirá en actitudes que vulneran los derechos humanos”.

Respecto al trabajo general de la reglamentación, Chivi sostuvo que por la complejidad del caso se han realizado hasta “cinco versiones de borradores”. “Imaginamos que este 10 vamos a tener el primer producto ajustado y que la próxima semana podemos hacer conocer el primer documento al gabinete, porque allí tiene que ser analizado para que sea promulgado”, aseguró.

Norma para entidades

En la reglamentación se incluirán disposiciones de aplicación obligatoria en instituciones públicas y privadas, para evitar que se cometan actos racistas o discriminatorios.

El viceministro de Descolonización, Idón Chivi, dijo que se implementarán “listas antirracistas y procedimientos sumarios, para que no haya más racismo ni en chiste”. Agregó que en caso de que algún funcionario incurra en una falta relacionada con actos racistas o discriminatorios, se evaluará si ésta es casual o si se trata de una constante. La Ley Antirracismo fue promulgada por el presidente Evo Morales el 8 de octubre y ahora se reglamenta.

Alguien miente: los periodistas que se oponen a la Ley 045 sólo presentaron más de 30 mil firmas

El vicepresidente Álvaro García Linera informó que sólo llegaron 32.049 firmas a su despacho.

-El vicepresidente acusa a periodistas de mentir en campaña para cambiar la Ley Antirracismo porque la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sólo presentó ocho libros con 32.049 firmas.

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alvaro García Linera, emplazó el jueves a los dirigentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) a "no jugar con la buena fe de los ciudadanos y no hacer un uso político de un tema sin cumplir con los procedimientos de Ley", dice la Agencia Bolivia de Información (ABI).

En una conferencia de prensa, García Linera se refirió a la entrega de libros con firmas por parte de la ANP para promover una modificación de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación sin cumplir con los pasos legales establecidos.

"He recibido el pasado 30 de noviembre a las 11.45 una carta y ocho libros con firmas que suman 32.049 con el fin de que el Congreso dé curso a una iniciativa ciudadana destinada a la modificación de la Ley", dijo.
Inicialmente mostró su extrañeza porque inicialmente los dirigentes de algunos gremios del periodismo, entre ellos la ANP, que agrupa a propietarios de medios de prensa, habían anunciado que lograron el respaldo de 800.000 a 1.000.000 firmas de ciudadanos que apoyan su exigencia.

"Sin embargo, realizadas las revisiones del caso, solamente suman 32.049 firmas, algunas de ellas cuestionadas porque el número de documento de identidad no corresponde al nombre del ciudadano, en base al registro biométrico", puntualizó.

Alguien mintió

El vicepresidente Álvaro García Linera, acusó hoy a las asociaciones de editores y periodistas de mentir sobre la recolección de firmas para pedir que se cambien dos artículos de la ley contra el racismo que, a su juicio, amenazan a los medios y los informadores, informó Los Tiempos.

García, también presidente del Congreso, criticó en rueda de prensa que los periodistas hayan entregado solo ocho cuadernos con 32.049 firmas y no todos los volúmenes que las organizaciones dicen que han recolectado y que, según algunos medios, podrían tener cerca de un millón de rúbricas.

"Alguien mintió. Hubo dirigentes que dijeron falsedades a la prensa y al pueblo, que hablaban de un millón de firmas, y nunca hubo ese millón, sólo hay estas 32.049 firmas que están acá en la Vicepresidencia", afirmó.

El vicepresidente exigió que los periodistas digan dónde están los demás cuadernos, si es que existen.

García ignoró que los informadores ya explicaron el miércoles que otros 40 volúmenes con firmas fueron dejados en la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) por temor a que algunos sectores oficialistas cumplan su amenaza de quemarlos.

El fiscal general de la APLP, Antonio Vargas, negó las acusaciones del vicepresidente y lamentó que el Ejecutivo pretenda "enmascarar un movimiento ciudadano detrás de una posición que refleja muy poco respeto por la ciudadanía".

Hay consenso para que la Ley 045 garantice el empleo de periodistas

La denominada Red Contra el Racismo presentará hoy una propuesta modificada del reglamento, que entregó hace una semana, en la que propone sanciones económicas graduales.

-Entre las entidades que participan de la reglamentación están las federaciones de trabajadores de la prensa de La Paz y El Alto, la red de radios Erbol y la Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (Armac).

Organizaciones de prensa y periodistas independientes que participan de la reglamentación de la Ley Antirracismo coinciden en aplicar sanciones graduales a los medios que infrinjan la ley; el objetivo principal es preservar la estabilidad laboral de los trabajadores del gremio, dice La Razón.com

Uno de los ejes propuestos es que “la sanción sea gradual, no automática o de cierre. Habrá un proceso gradual de sanción de acuerdo con la gravedad (de la falta) y el tamaño del medio”, explicó Sandra Aliaga, miembro de la que se denomina plataforma de periodistas y comunicadores independientes, que participa en la reglamentación de la norma.

Agregó que la suspensión definitiva de la licencia de funcionamiento de un medio sería el último paso y que sólo se aplicaría en casos de gravedad, “cuando el medio no haya dado ninguna señal de que busca contribuir a la construcción de un país sin discriminación y racismo”.

Entre las entidades que participan de la reglamentación están las federaciones de trabajadores de la prensa de La Paz y El Alto, la red de radios Erbol y la Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (Armac).

Aliaga enfatizó que por estas razones la propuesta apunta a “precautelar las fuentes de trabajo de los comunicadores”. Por ello, y adicionalmente, se propone que cuando un medio pierda la licencia, se inicie de inmediato un proceso de licitación, para que la empresa no se cierre.

Por su parte, la denominada Red Contra el Racismo presentará hoy una propuesta modificada del reglamento, que entregó hace una semana, en la que propone sanciones económicas graduales, desde el 3% hasta el 10% de la declaración tributaria mensual de los medios que infrinjan la norma. También se propone que las declaraciones de terceros en programas en vivo no generen responsabilidad en medios ni periodistas.

La ANP, la APLP y la Confederación de Trabajadores de la Prensa, que denunciaron que la Ley 045 vulnera la libertad de expresión, se abstienen la participar de este proceso y mañana cerrarán el registro de firmas para impulsar la iniciativa ciudadana a fin de modificar los artículos 16 y 23.

El viceministro de Justicia, Hugo Montero, informó que hoy se realizará la última jornada para presentar aportes al reglamento de la Ley 045. Agregó que recibieron 26 propuestas escritas, 296 orales y que en total participaron 233 entidades. El viceministro de Descolonización, Felix Cárdenas, dijo que el reglamento debe estar antes de Navidad.

Propuestas para dos artículos

-La Red contra el Racismo propone sanciones graduales y pecuniarias a medios de comunicación, en una propuesta de reglamento para la Ley 045 con 32 artículos y 10 referidos a los medios. En ella figuran multas según su declaración tributaria mensual. También estipula que las declaraciones de terceros no responsabilizan al medio.

-La Plataforma Nacional de Periodistas y Comunicadores propone la reglamentación de los artículos 16 y 23. En la misma se prevé que las sanciones sean graduales, según su patrimonio. Sobre los periodistas, se refiere a la responsabilidad de terceros.

Gobierno invita a medios

Luego de descartar que a la ONU le preocupen los artículos 16 y 23 de la Ley Antirracismo, el vocero de gobierno Iván Canelas invitó a los medios y periodistas a participar de la reglamentación de la norma.

“La comisionada (Navanethem Pillay) no señaló que le preocupan esos dos artículos, yo leí con claridad el artículo en el que ella dice que el discurso racista es inaceptable en una sociedad democrática, en consecuencia no pueden estar protegidos por la libertad de expresión”, explicó ayer Canelas.

El vocero recordó que la comisionada Pillay sugirió y solicitó que las organizaciones de la prensa participen en la reglamentación. “Es lo que nosotros señalamos tiempo atrás. Nos parece importante que las organizaciones, y no sólo periodísticas, participen, porque es la única manera de poner candados a preocupaciones o aclarar en detalle qué tiene la ley”.

Además, la autoridad señaló que los sectores que tienen dudas sobre la norma presenten sus propuestas “y exijan ahí que se puedan poner artículos para que no se la utilice mal (a la Ley)”.

El martes, la Alta Comisionada de la ONU señaló que la Ley Antirracismo debe ser “adecuadamente regulada” a normas internacionales, porque de lo contrario “puede afectar el derecho a la libre expresión”.

El 78 por ciento de ideas para reglar ley se refiere a educar y prevenir racismo

Ayer se dieron cita en los ambientes del Palacio de Telecomunicaciones más de 100 representantes y dirigentes de movimientos sociales, de derechos humanos, activistas antirracistas, de la Defensoría del Pueblo, de la Federación de Trabajadores de la Prensa paceña y de la plataforma de periodistas, entre otros, para confirmar sus propuestas para reglar la Ley 045.

-Talleres nacionales: sólo el 22% de las propuestas está dirigido a los medios de información masiva. Del 15 de octubre al 15 de noviembre se desarrollaron, en los nueve departamentos del país, talleres para recoger propuestas emanadas de diferentes sectores de la población.

El viceministro de Justicia, Hugo Montero, reveló ayer que el 78% de las propuestas de todo el país para reglar la ley antirracismo gira sobre la educación, la administración pública y otros, y sólo un 22% se refiere al campo de la comunicación y medios de información masiva, dice Cambio.bo

“Las cifras quieren decir que la ciudadanía, que la participación de las instituciones entendieron bien el mandato contenido en la disposición final única de la Ley 045 para elaborar el reglamento en su integralidad, en lo que corresponde”, señaló.

Del 15 de octubre al 15 de noviembre se desarrollaron, en los nueve departamentos del país, talleres de recojo de propuestas emanadas de los sectores sociales, organizaciones sindicales, entes de derechos humanos, actores cívicos, políticos y ciudadanos en general, además de una significativa participación de periodistas y medios de comunicación. Participaron en la tarea los ministerios de la Presidencia, Cultura y Justicia.

Ayer se dieron cita en los ambientes del Palacio de Telecomunicaciones más de 100 representantes y dirigentes de movimientos sociales, de derechos humanos, activistas antirracistas, de la Defensoría del Pueblo, de la Federación de Trabajadores de la Prensa paceña y de la plataforma de periodistas, entre otros, para confirmar sus propuestas para reglar la ley y para conocer un informe conclusivo sobre los talleres nacionales.

El evento fue conducido por la ministra de Justicia, Nilda Copa, a quien la acompañaron el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, y el director nacional de Descolonización, Idón Chivi.

Detalles y coincidencias

El Viceministro de Justicia informó que en el país se registraron 26 propuestas escritas, 296 de forma oral, con la participación de 233 organizaciones. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer propuestas verbales y escritas. Por lo menos tres redes presentaron una reglamentación completa a toda la ley antirracismo y discriminación.

“Por ejemplo, la Red Contra el Racismo ha presentado una propuesta íntegra de la ley. Es un documento bastante extenso que será tomado en cuenta”, dijo la autoridad de Justicia.

Las jornadas contaron con la participación de veedores miembros de la cooperación internacional.

Foto (izq. a der.): el director nacional de Descolonización, Idón Chivi; viceministro de Justicia, Hugo Montero; ministra de Justicia, Nilda Copa; Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, entre otras autoridades.

Si bien se cuentan 233 participaciones, explicó Montero, se tiene que tomar en cuenta que se trata de representaciones. “Las redes, por ejemplo, han estado representadas por una o dos personas, pero aglutinaban a varias instituciones.

Entre las propuestas sistematizadas hubo insistencia en algunos aspectos, señalan los organizadores, como el pedido de una Ley de Medios de Comunicación, el levantamiento de un glosario completo de términos y situaciones que se consideran racistas y la necesidad de combatir el racismo desde la educación formal y en los hogares de cada boliviano.

Entre las propuestas escritas en La Paz, por ejemplo, los ciudadanos Herbert Elías Áñez y Beatriz Fernández Cuéllar propusieron evitar la discriminación por razones religiosas; un asambleísta propuso no discriminación en actividades deportivas por la altura; en Pando, otro ciudadano propuso “prohibir que los medios de comunicación emitan publicaciones discriminatorias por raza”. En Sucre se propuso “impulsar en la sociedad civil la creación de la coalición boliviana para la diversidad cultural”. En Cochabamba, que “las multas económicas vayan al Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. En Santa Cruz se pidió “protección laboral a mujeres embarazadas en ejercicio periodístico”. Mientras que en Beni se planteó la “retroactividad de la ley”, y en Oruro se dijo que “debe existir más apertura de empleos en relación a la mujeres”.

Copa explicó que se sistematizarán las propuestas y que el informe final podría estar listo hasta antes de fin de año.

Propuestas de la prensa

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), mediante Boris Quisbert, sugirió que en la reglamentación se aclare que el entrevistado que difunda ideas racistas sea responsable ante la ley y no el periodista o el medio. Planteó que las multas a los medios racistas sean destinadas a un fondo social de los trabajadores.

Sandra Aliaga, de la Plataforma de Periodistas, presentó una propuesta completa de reglamento. Allí se sugieren sanciones graduales y medidas educativas y preventivas.


Chivi: hubo una buena participación de los periodistas

El director nacional de Descolonización, Idón Chivi, evaluó como positiva la participación de los periodistas en los talleres destinados a recoger sugerencias para la reglamentación de la Ley de Lucha Contra el Racismo.

“A pesar de la campaña mediática muy fuerte impulsada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), hemos logrado contar con un muy buen número de trabajadores de radio, televisión y prensa escrita que, más allá de ceñirse al debate de los artículos 16 y 23, han ido planteando una cantidad de propuestas para los otros ámbitos: el educativo, el de la salud pública, de las FFAA, la Policía, etc.”, señaló Chivi.

Lamentó que, en Potosí, los mismos periodistas revelaron que fueron impedidos de expresarse libremente por su organización sindical matriz, que amenazó con procesar en un Tribunal de Honor a los trabajadores de la prensa que acudan a los talleres.

Entidades hablan de Ley de Medios

Durante las jornadas departamentales de recolección de iniciativas para la reglamentación de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación se delineó la idea de una Ley de Medios.

“Ése es uno de los resultados relevantes de las propuestas departamentales y que varias organizaciones de la prensa, como Amarc y Erbol, nos lo han pedido. Además, Erbol tiene todo un libro con una Ley de Medios ya incorporada que recupera todo lo que se tiene en el país”, señaló Idón Chivi, director nacional de Descolonización. “Hay una necesidad de dejar la Ley de Imprenta, que responde a la imprenta Guttenberg, y pasar a la era de la televisión de MacLuhan y de ahí llegar a Internet o a las redes del ciberespacio y tener una ley que regule todos esos escenarios”, agregó.

El viceministro Hugo Montero y la ministra de Justicia, Nilda Copa, coincidieron en que la propuesta fue emanada de los panelistas.

Montero, a su turno, señaló que una hipotética Ley General de Medios, de la cual no hay proyecto ni esbozo, se debería ajustar al mandato de las normas en vigencia.

Por indígenas, migrantes y mujeres

Varias organizaciones de El Alto, junto al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, trabajaron una propuesta al reglamento de la ley antirracista. Isabel Fernández, una de las representantes, identificó a indígenas, migrantes y mujeres como los grupos más vulnerables a la discriminación y el racismo en la ciudad de El Alto.

“Como mujeres, necesitamos que la Ley 045 entre en vigencia de una vez, porque las discriminaciones contra las mujeres son múltiples”, dijo. Explicó que a las mujeres se las discrimina desde las escuelas, en los centros de salud, en el trabajo, porque se da privilegios a los varones en sueldos, en la edad, en las jornadas laborales. “Los empresarios ponen sus avisos: ‘Se necesita señorita con buena presencia’, e incluso con edad, limitando nuestro derecho al trabajo”, dijo.

“A las mujeres se nos discrimina en medios de comunicación porque no se nos da la palabra cuando la pedimos, y se usa nuestro cuerpo sólo para vender productos. No se valora el papel de la mujer en la sociedad”, agregó, según un reporte.

Reglamento para Ley 045 ya tiene más de 200 iniciativas

Sobre la segunda etapa de construcción de la reglamentación, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, explicó que se trata de una tarea técnica de reglamentación.

-Una Jornada de Consulta Nacional cierra hoy, 18 de noviembre, las tareas de recolección de propuestas para la reglamentación de la ley antirracista. Se espera la presencia de más de 233 representaciones de la sociedad civil y política. 

Las propuestas e iniciativas para la reglamentación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación son 200, fruto de los talleres que se realizaron en todos los departamentos del país, dice La Razón.


“El trabajo reglamentario (de la Ley 045) se está cumpliendo con amplia participación y concertación social. Vamos a enfatizar la participación y las sugerencias que hizo la sociedad con 200 iniciativas diferentes”, informó Marianela Paco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La asambleísta agregó que aún no existe ningún documento base de la reglamentación y que el mismo se definirá en el evento final del próximo 18 de noviembre, que se realizará en el auditorio del Palacio de Comunicaciones.

Talleres antirracistas llegan a término con cita nacional

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Hugo Montero, y el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, informaron ayer acerca de los resultados de la ronda de talleres que el Ejecutivo auspició en todo el país, a través de una comisión en la que participaron los ministerios de la Presidencia, Cultura y Justicia, dice Cambio.bo


Organizaciones sociales, políticas, defensoras de los derechos humanos, representantes de los medios, trabajadores de la prensa y de otras instancias realizaron aportes orales y escritos.

“Han llegado a esta comisión 26 propuestas escritas para ser analizadas e incorporadas como insumos en lo que va a ser el reglamento”, dijo Montero.

La autoridad también reveló que en total hubo 296 propuestas orales de 233 entidades que participaron en los nueve departamentos.

“Todas ellas (las propuestas) han sido sistematizadas y van a entrar al trabajo de análisis y redacción de la Ley 045 (Ley de Lucha Contra el racismo y Toda Forma de Discriminación)”, explicó la autoridad.

Dijo que hoy, en el Salón del Palacio de Telecomunicaciones, a partir de las 08.00 de la mañana, se iniciará el evento final, que tiene el objetivo de concluir el relevamiento de aportes.

"Declaración de Cuenca": Eurolat rechaza el racismo en los medios

La "Declaración de Cuenca" que se aprobó luego de las reuniones en esa ciudad, entre el 3 y 5 de noviembre, fue difundida el sábado.

-“Rechazamos toda intención de algunos medios de comunicación masiva que bajo la premisa de libertad de expresión y/o libertad de prensa vulneran el derecho de información, afectan la dignidad de las personas e incentivan, en algunos casos, actos de discriminación y racismo”, señala el documento difundido en Cuenca tras la reunión de legisladores de América Latina y Europa.

Legisladores de América Latina y Europa, que participaron en la Cumbre de Eurolat, llevada a cabo en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, rechazaron la intención de algunos medios de comunicación masiva que vulneran el derecho a la información bajo la premisa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, dice Cambio.bo de La Paz.

Esa posición fue consignada en la “Declaración de Cuenca” que se aprobó luego de las reuniones en esa ciudad, entre el 3 y 5 de noviembre, y que fue difundida el sábado.

“Rechazamos toda intención de algunos medios de comunicación masiva que bajo la premisa de libertad de expresión y/o libertad de prensa vulneran el derecho de información, afectan la dignidad de las personas e incentivan, en algunos casos, actos de discriminación y racismo”, señala el documento difundido.

Asimismo, considera que todo acto que vulnere bienes jurídicos como la dignidad de las personas debe ser conocido en las jurisdicciones ordinarias penales. La Declaración está firmada por Willy Meyer, del Parlamento Europeo (España); Raúl Patiño, del Parlamento Andino (Ecuador); Patricio Zambrano, del Parlamento Andino (Ecuador); Cecilia Castro, del Parlamento Andino (Ecuador); Ilda Figueiredo, del Parlamento Europeo (Portugal); Turbal Páez, del Parlantino (Cuba); Jurgen Klute, del Parlamento Europeo (Alemania); William Hernández, del Parlacen (El Salvador), y Jacinto Suárez, del Parlacen (Nicaragua).
Además, Helmut Scholz, del Parlamento Europeo (Alemania); Francisco López, del Parlacen (Guatemala); Lloyd Bushey, del Parlacen (Nicaragua); Elsa Malpartida, del Parlamento Andino (Perú); Gloria Flores, del Parlamento Andino (Colombia), y Rebeca Delgado, del Parlamento Andino (Bolivia).

En la Declaración, los legisladores que asistieron a la Cumbre deploraron el intento de golpe en Ecuador contra el presidente constitucional Rafael Correa, y rechazaron cualquier intento, presión o injerencia de los poderes fácticos económicos, nacionales o internacionales, que intentan evitar la puesta en marcha de medidas políticas de carácter social destinadas a una mayor redistribución de la riqueza y al incremento de la igualdad en Latinoamérica.

La Declaración de Cuenca saluda la reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicita por 19 vez consecutiva el fin del ‘lamentable e injustificable’ embargo de los EEUU a Cuba, además exige la normalización de las relaciones con la isla sobre la base de una agenda de diálogo mutua.

“Rechazamos los Tratados de Libre Comercio firmados por la UE y los gobiernos de Colombia y Perú porque profundizan las asimetrías existentes, deterioran los derechos económicos y laborales de los trabajadores, y favorecen las industrias extractivas europeas en detrimento de los ecosistemas frágiles y de alta concentración de biodiversidad”, recalca el documento.

Por otra parte, alerta sobre la creciente persecución y criminalización de la protesta social en Latinoamérica y la Unión Europea ante la crisis del capitalismo, la más grave desde los años 30 del siglo XX, utilizando todos los pretextos, incluso la así llamada lucha contra el terrorismo, reprimiendo las manifestaciones y acciones de protesta y persecución de sus promotores, intentando prohibir su realización, al mismo tiempo que hacen presión e intentan ilegalizar y criminalizar a los partidos comunistas y de izquierda y a las fuerzas sociales que los organizan o apoyan.

También se solidariza con los pueblos originarios que luchan por sus tierras y la restitución de sus derechos ancestrales, entre otras resoluciones.

Amarc 10: Diálogo para salida justa a ley contra racismo

Amarc pone a disposición de Bolivia toda la experiencia en materia de propuestas de legislación y la asistencia técnico-jurídica que se demande, para armonizar la redacción de la Ley 045 y su reglamento.

- La décima conferencia mundial de radios comunitarias, AMARC10, reunió representantes de más de 500 radios comunitarias de todas las regiones del mundo y aliados de 87 países en la Plata Argentina en la primera vez que la conferencia mundial se realiza en América del Sur. 

La décima Conferencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), que se desarrolló en La Plata, Argentina, pidió al gobierno de Bolivia, trabajadores de la comunicación social y entidades profesionales de los periodistas encontrar a través del diálogo una salida justa y equilibrada en torno a los dos artículos de la ley contra el racismo, dice Cambio.bo de La Paz.

El encuentro internacional también respaldó a Amarc-Bolivia y a sus redes afiliadas en las propuestas que hicieron antes y después de la redacción de la ley, “para evitar ambigüedades que puedan prestarse a interpretaciones interesadas, especialmente de aquellos sectores que no practican ni comparten los verdaderos principios de la libre expresión”.

“En el encuentro se hizo un llamado para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión y encauzar las mejores energías para superar los resabios discriminadores y acciones racistas que afloraron en la sociedad en el último tiempo en el contexto del proceso de cambio que vive Bolivia”.

“Amarc pone a disposición de Bolivia toda la experiencia en materia de propuestas de legislación y la asistencia técnico-jurídica que se demande, para armonizar la redacción de esa norma y su reglamento, con los principios democráticos irrenunciables de la lucha contra el racismo y la plena vigencia de la libertad de expresión”.

Hace unos días, representantes de más de 500 emisoras y comunicadores de casi 120 países del mundo se reunieron para analizar el avance de las radios comunitarias, elegir a sus autoridades y buscar estrategias para contrarrestar las estrategias de desinformación que se aplican desde sectores de poder.

“Una de las conclusiones es que los Estados siguen teniendo un gran retraso a la hora de admitir que las radios comunitarias no le pertenecen ni a una Iglesia, ni a un partido, ni a un gobierno, ni a una empresa. A lo mejor se debe a que la sociedad se está desarrollando rápidamente; lo cierto es que aún no se le ha otorgado una dimensión política plena, y nosotros entramos en ese reclamo. No somos ni queremos ser medios públicos que dependen del Estado. Nuestro origen es asociativo y democrático, con base en comunidades, y encarnamos al futuro, porque en las décadas que vienen se demostrará que éste va a ser el siglo de la participación”, dijo María Pía Matta, la nueva presidenta de la Amarc.

Comunicación, un derecho de todos

La periodista chilena María Pía Matta, una feminista convencida de que la comunicación es un derecho de todos basado en la libertad de expresión, es la nueva presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Los miembros de Amarc en los cinco continentes deben tener un reconocimiento legal cada vez mayor, “porque constituyen una herramienta clave para expandir la democracia a nivel local y global”, sostuvo.
Matta lidera la organización no gubernamental La Morada, que fundó en Chile la radio Tierra, la primera emisora feminista de América Latina.

—¿Cómo describiría el momento que viven hoy las radios comunitarias?

—Yo creo que hubo un gran avance en el mundo sobre la comprensión de lo que significan los medios comunitarios y su relación con una mejor calidad de vida. A veces se cree que los temas de radio comunitaria tienen que ver con los que trabajan en ella, pero en realidad tienen mucho que ver con el bien común.
El viejo concepto de la comunicación como uno que emite y un receptor se basaba en un derecho individual, y los medios comunitarios son una vía para una mejor democracia, que incluya a todos.

—¿Cuáles son los principales retos de su gestión al frente de Amarc?

—Hacer una dirección internacional que incorpore a todas las regiones. Promover fuertemente la participación de las mujeres en las radios comunitarias, en su gestión, en la dirección y también en Amarc en los ámbitos regional y mundial.

Otra de las metas será el rescate de las lenguas indígenas. En el marco de nuestra pelea por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, tenemos que reivindicar el derecho a la diversidad lingüística, que es un tema transversal a todas las regiones.

Y trabajar mejor la perspectiva noticiosa. Amarc tiene más de 5 mil radios asociadas y muchas de ellas son fuentes de información de sus comunidades, un elemento del que carecen hoy los grandes medios de comunicación. (IPS)

Proponen reglamento a Ley 045 con sanciones a medios, pero sin cierres

Delegados de organizaciones reunidos el martes en La Paz, para la reglamentación.

-La Red Contra el Racismo presentó un proyecto de reglamento, que incluye conductas que no generan responsabilidad en medios y trabajadores.

Una propuesta de reglamentación de la Ley Antirracismo prevé sanciones graduales y pecuniarias a medios de comunicación, sin suspensión de licencias, y conductas que no generan responsabilidad en periodistas y empresas. El documento fue presentado por la Red Contra el Racismo, dice La Razón de La Paz.

La propuesta presentada el martes en La Paz y ayer en Sucre, establece que los trabajadores de los medios de comunicación pueden ser sancionados por la Ley de Imprenta o el Código Penal cuando difundan ideas racistas o discriminadoras sin la autorización de “la jefatura o decisión editorial del medio de comunicación”, según los artículos 24 y 25 del documento.

La propuesta titulada: Reglamento a la Ley 045 contiene 32 artículos. Diez de ellos están referidos a “infracciones de medios de comunicación”.

Víctor Vacaflor, a nombre de una red de 50 instituciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, fue quien presentó el documento. “Se trata de una propuesta que puede ser observada, mejorada y tratada, pero que tiene el fin de generar el debate”, dijo el presidente del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos.

Sobre las sanciones, el documento plantea multas económicas graduales que van desde el 3% hasta el 10% de la declaración tributaria mensual de los medios de comunicación que cometan las infracciones (artículo 27). Pero no incluye la suspensión de las licencias, como señala el artículo 16 de la Ley Antirracismo.
Además, establece que los medios podrán solicitar el 50% de la sanción de la multa para que sea convertida en espacios, dentro de su programación o publicación, destinados a la promoción del derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 28).

El monto que provenga de esas sanciones será destinado a la implementación del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación. Asimismo, se dispone que las declaraciones de terceros, opiniones en transmisiones directas, difusión de ideas con carácter noticioso y los espacios pagados no constituyen conductas que generen responsabilidad en los medios (artículo 30).

Sandra Aliaga, representante de la plataforma de periodistas independientes de La Paz, señaló que se tiene conocimiento del documento. “Tal vez sí estemos de acuerdo con el espíritu (de la propuesta), pero no con todo el contenido”, afirmó.

Respecto a la sanción a los medios, la comunicadora dijo que “es importante tener una mirada gradual, según la gravedad de la falta. Hay una propuesta de 10 pasos, como llamadas de atención, multa, multa mayor, cierre de una hora, dos horas, y otros más”.

Artículos sobre los medios

Artículo 27 (Sanciones) • La publicación de ideas racistas y discriminadoras por los medios en programas pregrabados, diferidos, tendrán estas sanciones:

- La primera vez se aplicará una sanción económica equivalente al 3% de su declaración tributaria mensual; en la segunda será del 5%, la tercera del 10%. A partir de la cuarta vez se aplicará la suspensión de emisión de 1 a 48 horas en medios electrónicos y de 1 a 2 publicaciones tratándose de medios impresos.

Artículo 30 (Conductas que no generan responsabilidad en los medios de comunicación) • I. No existe falta cuando se autorice, publique o difunda, a través de los medios de comunicación, ideas racistas y discriminadoras con fines informativos. II. Las expresiones de terceras personas en programas en vivo tampoco generan responsabilidad en el medio. III. Las expresiones racistas de espacios pagados recaen en quien contrató el servicio. IV. En los programas en directo y con participación de la audiencia deben advertir la vigencia de la Ley 045 y cortar la comunicación cuando se infrinja la norma.

La ATT sería la autoridad competente en sanciones

La propuesta de reglamentación de la Ley Antirracismo incluye, en el artículo 32, que la autoridad competente para aplicar las sanciones en el marco de la ley será la Autoridad de Fiscalización y control social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Textualmente el artículo dice: “La autoridad competente para conocer las infracciones cometidas por los medios de comunicación y aplicar las sanciones correspondientes establecidas, es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, para lo que deberá implementar un procedimiento especial en el plazo máximo de 45 días a partir de la promulgación del presente decreto”.
La máxima autoridad de la entidad reguladora, Fernando Llanos, señaló que en caso de que se apruebe el reglamento con esta función, la ATT deberá contar con mayor presupuesto para la contratación de personal especializado y el monitoreo de los medios de comunicación.

Explicó que entre los objetivos de la ATT está garantizar la provisión de servicios de calidad de transportes y telecomunicaciones, preservando la seguridad y garantizando el ejercicio de los derechos de usuarios y/o consumidores. “Tenemos un trabajo técnico y esta propuesta nos da otras funciones; pero si el reglamento se aprueba, hay que cumplirlo”, dijo.

Analizan todos los aportes

Un equipo técnico del Gobierno analizará cada una de las propuestas que llegan a los talleres para la reglamentación de la Ley Antirracismo, que se realizan a nivel nacional.

Hugo Montero, viceministro de Justicia, afirmó que en las reuniones “se reciben propuestas y sugerencias. Estamos recabando insumos para trabajarlos técnicamente con el Órgano Ejecutivo y se los tomará en cuenta en la redacción del reglamento”.

Hasta la fecha, se presentaron otras propuestas específicas de parte de periodistas de El Alto, personas con diferente orientación sexual y organizaciones sociales y culturales. El 18 de noviembre vence el plazo para proponer, luego se realizará un evento nacional. “Tendremos una propuesta para discutirla a nivel nacional”, dijo Montero.

Otra jornada en el valle

La ciudad de Cochabamba fue sede de la jornada para la reglamentación de la Ley Antirracismo. En la capital valluna, los sectores sociales y otras instituciones se dieron cita en el evento desde las 9.00 en una sala de la Gobernación. La mayor parte de los participantes eran miembros de la Gobernación y del Gobierno.
Participaron del taller el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, y el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. Según la lista de participantes, 90 personas acudieron. Estuvieron presentes representantes de los medios alternativos pertenecientes a la Red Patria Nueva.

Entre las propuestas que recibió la comisión de reglamentación destacó el pedido para que los medios de comunica- ción cumplan su labor educativa dirigida a los niños.

Noticias relacionadas para el debate:

Lutz Tillmanns, del Consejo Alemán de Prensa
“Una ley antirracismo es impensable en Alemania”

Ley y autorregulación van de la mano en el trabajo de la prensa.
Alemania. Experto cuenta la experiencia de ese país

Lutz Tillmanns: En Alemania, la prensa se basa en la autorregulación
Tillmanns dio ayer una charla a periodistas de La Paz sobre la autorregulación periodística y el marco normativo en Alemania, evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Embajada de Alemania y la Fundación Friedrich Ebert.

Los amos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

El logotipo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

-Normalmente, los grupos mediáticos hablan de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) como si fuera un organismo consultivo válido, una organización internacional como la ONU, la OEA o una ONG de derechos humanos que defiende la «libertad de prensa». Nada de eso. La SIP es un cartel de los grandes dueños de medios de comunicación del continente, un conglomerado de empresarios mediáticos que nació en el marco de la 2ª Guerra Mundial y se moldeó al calor de la Guerra Fría, para protagonizar una historia de defensa de intereses oligopólicos, alianza con los poderes imperiales y atentados contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

Los amos de la Sociedad Interamericana de Prensa

Port Yaifred Ron/Tribuna Popular

Normalmente, los grupos mediáticos hablan de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) como si fuera un organismo consultivo válido, una organización internacional como la ONU, la OEA o una ONG de derechos humanos que defiende la «libertad de prensa». Nada de eso. La SIP es un cartel de los grandes dueños de medios de comunicación del continente, un conglomerado de empresarios mediáticos que nació en el marco de la 2ª Guerra Mundial y se moldeó al calor de la Guerra Fría, para protagonizar una historia de defensa de intereses oligopólicos, alianza con los poderes imperiales y atentados contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

La acción de la SIP, en ese sentido, está debidamente documentada y se ha basado en el empleo de esquemas de desestabilización que, al resultar exitosos, han sido repetidos y son repetidos todavía hoy, en toda la región latinoamericana. En estas páginas reunimos algunos ejemplos, estudiados por periodistas latinoamericanos, de cómo este grupo de propietarios de los medios ha implementado una tradición de presión contra gobiernos democráticos, con resultados nefastos.

Presentamos aquí los orígenes de la organización empresarial y su vinculación temprana con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como casos puntuales de desarrollo de propaganda negra por parte de la SIP contra los gobiernos que han promovido la libertad y progreso de sus pueblos, en contraste con el silencio y la complicidad mostrados con regímenes dictatoriales de la región, disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato de periodistas.

En la última parte, intentamos exponer las manipulaciones que han permitido a la SIP no sólo continuar usurpando la representación del periodismo en la región, sino también abrogarse derechos que corresponden a las organizaciones sociales y no sólo a un puñado de poderosos propietarios de los medios. Para ello, hemos contado con la guía de dignos periodistas latinoamericanos que han luchado por rasgar las máscaras del poder mediático y han denunciado las perversiones de la actuación de la SIP, que han colocado a la gran prensa a espaldas de los pueblos.

Esperamos que este sea un aporte, entre muchos otros, al desarrollo de la necesaria conciencia crítica en contra de las manipulaciones y desinformaciones de los amos de la prensa.

La SIP y el panamericanismo imperial

El germen de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hay que buscarlo en el concepto del panamericanismo. Pero no en el panamericanismo bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá, sino en el panamericanismo imperial.

En la primera conferencia panamericana, celebrada en Estados Unidos (EEUU), en 1889, se moldeó un aparataje orientado a organizar reuniones de gobiernos, con la intención, según sus creadores, de incentivar la comunicación y la colaboración entre los países, en condiciones de igualdad. Sin embargo, estas reuniones respondían en realidad a la preocupación de Estados Unidos por delinear las manifestaciones de control imperial, en vinculación con las oligarquías locales.

Este panamericanismo, de hecho, es entendido como una continuación de la famosa Doctrina Monroe de 1823, impuesta bajo el lema «América para los americanos», a través de la cual Estados Unidos declaraba que no permitiría a ninguna potencia no americana intervenir en el continente.

Bajo tal signo ideológico, fueron celebradas estas conferencias en distintos países de la región y en 1923, en la Quinta Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile, se planteó la necesidad de organizar una reunión sobre la prensa.

Esa primera conferencia sobre la prensa se realizó finalmente en Washington, tres años después, y aun cuando los historiadores oficiales de la SIP insisten en señalar que se trataba de un congreso de periodistas, era esencialmente una reunión de empresarios. Así lo resalta el investigador Juan Gargurevich, en su libro A golpe de titular. CIA y periodismo en América Latina, cuando afirma que aquella era la primera vez que se reunían tantos propietarios de periódicos de América Latina. No está de más recordar que los temas tratados por las diferentes mesas (de la conferencia) no incluyeron los problemas de los periodistas mismos. A los norteamericanos les interesaban los dueños, no los empleados, escribe Gargurevich.

Luego de esta conferencia inicial, se continúan efectuando reuniones en varios países, sin concretarse la creación de la organización, hasta que en 1943, en La Habana, tiene lugar la conferencia que funda la SIP.

En ese momento gobierna en Cuba el famoso tirano Fulgencio Batista. El planeta estaba estremecido por la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética hacían sociedad para derrotar el fascismo. Este clima histórico, permeado por la existencia de un frente antifascista, permite que al fundarse la SIP se incluyan entre sus miembros, aunque de manera minoritaria, algunas publicaciones progresistas y de izquierda, entre ellas el órgano de prensa del Partido Comunista cubano, el diario Noticias de Hoy, fundado en 1938.

Desde esa primera reunión de la SIP, las voces minoritarias progresistas intentan impulsar la unidad de los trabajadores de la prensa en la región y asumen el papel de denunciantes, en contra del papel jugado en América Latina por las grandes agencias de noticias, que actúan como reproductoras del mensaje imperial.

Sin embargo, la historia cambia al finalizar la guerra. Ya en 1947 ha comenzado la Guerra Fría que enfrenta a los antiguos aliados -EEUU y Unión Soviética- se perfila el maccartismo en Estados Unidos y se crea en ese año la Agencia Central de Inteligencia (CIA), hecho que tendría un papel fundamental en lo que el periodista cubano Ernesto Vera llama el golpe CIA-SIP [1].

Este golpe, que se consumó en el año 1950, fue promovido un año antes en Quito, en el V Congreso Interamericano de Prensa, por la delegación estadounidense, integrada por tres personajes claves: un representante del Departamento de Estado, Tom Wallace, y dos altos oficiales de la CIA, Joshua Powers y Jules Dubois. El trío era encabezado aparentemente por Wallace, pero en realidad el personaje central, como se demostraría luego, fue siempre Dubois, quien coordinó durante 15 años después la labor de la CIA-SIP en América Latina.

Este trío plantea en Quito que la próxima reunión de la SIP tenga lugar en Estados Unidos, ya que los anteriores encuentros habían tenido como sede capitales latinoamericanas: México, La Habana, Caracas, Bogotá y Quito. Un grupo de latinoamericanos, entre ellos el periodista peruano Genaro Carnero Checa, se levantó contra la idea de escoger a Estados Unidos como país sede, asegurando que la discriminación racial y política en ese país no permitía que existieran las garantías necesarias para celebrar allí un Congreso.

La delegación norteamericana, luego de aceptar que la discriminación en su país era bochornosa, se comprometió a brindar las seguridades para la participación de todos los delegados, con independencia de sus ideas políticas. Finalmente, la propuesta se impuso y se aprobó que la reunión del año siguiente se realizara en Nueva York.

Al regresar a Estados Unidos, Wallace entregó un informe al Departamento de Estado, titulado Background of previous Interamerican Press Meeting, en el cual queda al descubierto la maniobra. En ese documento, Wallace resaltaba que en la reunión de Quito habían alcanzado el éxito en los dos objetivos planteados por la delegación norteamericana: trabajar por una nueva constitución de la organización original y procurar que la próxima reunión se hiciera en suelo estadounidense bajo los auspicios privados de las publicaciones de Estados Unidos:

«Tuvimos éxito en ambos propósitos sin tener que provocar la creación cismática de otra organización y dejar de esa manera en descubierto que la prensa de Estados Unidos había tenido que provocarla por no poder controlar la organización», explicaba Wallace a sus jefes, en el informe citado por Gargurevich. De esta manera, había comenzado a gestarse el secuestro de la organización.

Las historias del tesorero

Según la historia oficial de la SIP, 1950 fue el año más importante para la organización. Fue precisamente en ese año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal y como la conocemos ahora, sin la participación de las pocas publicaciones progresistas que inicialmente habían sido incluidas en la Sociedad. A partir de ese año, se hacen claros los objetivos que la CIA conferirá al funcionamiento de la SIP en América Latina.

Pese a las garantías ofrecidas en Quito, los representantes de los órganos de prensa progresistas no fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso Interamericano de Prensa. A algunos se les negó la visa de entrada a Estados Unidos bajo la acusación de ser comunistas. Cuando se quejaron ante los organizadores, Wallace les ignoró, indicándoles que la visa había sido negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse al gobierno.

Hubo incluso quienes llegaron hasta el aeropuerto de Idlewild, sólo para ser detenidos y devueltos por las autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del FBI. Tal fue el caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien representaba al periódico Noticias de Hoy, pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera vez consecutiva, y por esta misma condición viajaba con pasaporte especial.

En una narración sobre este suceso, titulada «Crónica de una New York entrevista», Rodríguez cuenta cómo fue retenido en Ellis Island, tildado de peligroso por su ideología, considerado inadmisible en Estados Unidos, ignorado por la comisión organizadora del congreso y depositado por el FBI en una aerolínea venezolana que lo devolvería a Cuba. En esa crónica, Rodríguez describía con detalles las razones por las cuales a los gestores de la nueva SIP no les interesaba su presencia:

«¿Por qué se me excluyó del Congreso?»

Se sabía muy bien que yo iba a New York a denunciar todos los casos de violación de la libertad de prensa en América. Los organizadores norteamericanos, obrando al dictado de Washington, querían condenar sólo a un grupo, cargando la mano a aquellos gobiernos que no tienen el beneplácito del State Departament. Para mí Videla es igual a Perón, y la Junta Militar Venezolana no es menos culpable que Prío.

»En segundo término se temía -y hacían bien en temerlo- que yo utilizara la tribuna del Congreso para protestar contra la vergonzosa intromisión del embajador de Estados Unidos en México, Mr. Thurton, en la libertad de prensa mexicana, a la que pretendió dictar una política de sometimiento a los intereses de Washington.

»Estos hechos han sido denunciados por el ilustre periodista don Martín Luis Guzmán y por más de sesenta escritores mexicanos.

»Por último no se quería que yo pusiera de nuevo en debate la tesis mantenida en Quito: la libertad de prensa en Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes empresas. Estas son las conclusiones a que arribó desde 1947 una comisión de expertos nombrada por la Universidad de Chicago, y pagada por el ultraconservador Henry R. Luce, de la revista Time, y por la Enciclopedia Británica. Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom Wallace -que presidió el Congreso de New York- me contestó airado que quienes tal cosa decían eran un manojo de tontos. De esa manera calificaba nada menos que a Robert Hutchins, canciller de la Universidad de Chicago; a Archibald Mc. Leish, subsecretario de Estado; al profesor de Economía en Columbia, John M. Clark; al profesor Arthur M. Schlesinger, de Harvard, y a otros conocidos intelectuales yanquis. Pero, como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los investigadores universitarios son tontos; sin embargo, aunque sabemos que en el Senado de Estados Unidos hay una buena dosis de tontos, no son tantos como para formar mayoría. Y fue la mayoría la que en el informe de la Small Plants Comité, corroboró las ideas de que son verdaderos monopolios los que rigen la prensa americana.

»Para impedir que se plantearan estas cosas se me retuvo en Ellis Island. Pero además, los organizadores yanquis tenían un propósito adicional. Pensaban dar -y dieron- un golpe de estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo ilegal. Establecieron -arbitrariamente- el voto por publicaciones dando una artificial mayoría norteamericana. Arrebataron a Cuba la sede permanente de la Sociedad para radicarla en New York. Han destruido, en resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa como entidad independiente, transformándola en un simple aparato político al servicio de los objetivos internacionales de Estados Unidos. Para hacer esto les estorbaba la presencia de algunos delegados. Yo les resultaba especialmente indeseable. (Rodríguez, 1950).»

En efecto, antes de la conferencia del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un voto dentro de la Sociedad, independientemente de la cantidad de órganos de prensa afiliados. El cambio de estatutos permitió tumbar el esquema un país, un voto y sustituirlo por cada publicación, un voto.

En un intento por maquillar este golpe, la historia oficial de la SIP señala que hasta ese año, las conferencias de la organización se celebraban bajo los auspicios del gobierno del país anfitrión, con lo cual las delegaciones se limitaban a sentarse y a votar por países, y los miembros no siempre eran periodistas. De acuerdo con el lenguaje oficial, fue entonces, para evitar estos patrocinios y hacerse independientes, cuando se tomó la decisión de modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con la mayoría [2]. Es de suponer que estos 424 votos componen el pequeño grupo de editores y directores de periódicos estadounidenses que se habían sumado a la SIP en 1946, de acuerdo con los historiadores oficiales de la patronal.

Por eso Vera, en una entrevista ofrecida recientemente insiste en que, desde 1950 hasta nuestros días, hay una libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de los recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia imperial: «Por eso digo que hay una mentira organizada y hay una verdad dispersa. Hay una mentira organizada, porque hay una estrategia imperialista y no hay una verdad organizada porque no tenemos todavía una estrategia antiimperialista. Eso funciona milimétricamente».

Voces dignas contra la SIP

El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que representaba a los periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la organización, integrada por los grandes medios impresos conservadores de la región -marcadamente proestadounidenses- y guiada por intereses imperialistas y empresariales, pero no periodísticos.

Este malestar incubado en América Latina se puso de manifiesto en la conferencia siguiente, celebrada en 1951 en Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la SIP y suscribieron el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los propietarios de los medios se habían abrogado la función de determinar donde había o no libertad de prensa, cuando los que tienen derecho a ello, además de la sociedad, son los periodistas.

Tras manifestarse en contra de este secuestro, el Acta de Montevideo indicaba que era preciso el nacimiento de una organización que agrupara verdaderamente a las asociaciones de periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran siendo usurpadas por los dueños de los grandes medios [3].

En su libro Breve historia de la SIP [4], el periodista Gregorio Selser registra entre las voces que se alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva reclamó que el cambio de estatutos aprobado en Nueva York violaba las normas más fundamentales de la organización, «dándole el carácter que ahora tiene: una entidad exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista».

Otero Silva denunció además como tendencioso un informe de la SIP en el cual, mientras se le dedicaba 80 o 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre las dictaduras latinoamericanas.

En ese mismo informe, continuaba Otero Silva, aparecía el tirano nicaragüense Anastasio Somoza como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento y se colocaban como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos. Mientras tanto, daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar, afirmaba indignado el escritor venezolano.

En este libro de Selser, citado por el periodista José Steinsleger, aparece otro testimonio de denuncia contra la SIP, proveniente de sus propias filas. De acuerdo con Selser, en 1958 uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-1959), director de El Universal, renunció a la organización cuando supo que la SIP había solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, en Estados Unidos. Con esta acción, para Lanz Duret, la SIP iría a depender, a todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana.

Más recientemente, en el año 2000, una posición similar tuvo que ser adoptada por el diario uruguayo La República y la revista Posdata, los cuales hicieron pública su renuncia a la organización empresarial al enterarse de que el antiguo director de prensa de la dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo Arbilla, había sido nombrado presidente de la SIP.

La carta de renuncia a la SIP, firmada por el director de La República, Federico Fasano Mertens, y fechada el 24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus principales objetivos declarados defender la libertad de prensa, constituía un insulto a la conciencia democrática de los pueblos americanos. «Su designación al frente del organismo que pretende velar por la libertad de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo antes dicho, el diario La República tiene el alto honor de renunciar, formal y públicamente, como miembro de esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente», concluía la misiva.

Mis amigos, los dictadores

Como dice el periodista cubano Ernesto Vera, el terrorismo mediático tiene muchas manifestaciones. Aunque la mayoría de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y sus afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la omisión. Los silencios de la SIP son igual de elocuentes, sobre todo cuando cubren sus alianzas con regímenes dictatoriales.

En el año 2005, este denunciado ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, cargó contra el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de «manejar la publicidad de manera selectiva» y «tratar con desconsideración» a los medios de comunicación. Kirchner refrescó entonces el historial de Arbilla y recordó además al subdirector del diario argentino La Nación, Claudio Escribano, su complacencia con las atrocidades cometidas en Argentina durante la dictadura militar en ese país.

Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones, para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa de las libertades, sino a la preservación de intereses empresariales y oligárquicos.

En el caso Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay, que torturó y asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario uruguayo La República, Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan María Bordaberry y continuó desempeñando esas funciones luego de que el mandatario eliminara las instituciones republicanas contando con el respaldo militar, e incluso después de instaurada plenamente la dictadura.

Así, el diario recuerda que Arbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que prohibía expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de información que "directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos"; durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173 medios de comunicación -14 de estas clausuras fueron definitivas- y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización sindical de los periodistas. También fue desaparecido el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y torturados decenas de periodistas.

Un personaje parecido, el dominicano Germán Ornés, era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de prensa. Este mismo Ornés fue señalado por investigadores de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador del dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.

Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus denuncias en el año 1974, cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado, debido a las medidas de expropiación de la gran prensa. Mientras tanto, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.

Los golpes de la SIP

En paralelo a su relación con gobiernos dictatoriales, la historia del cartel de la gran prensa americana registra un buen número de agresiones en contra de gobiernos constitucionalmente constituidos, en consonancia con los intereses imperialistas en la región. En este sentido, Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA, SIP y agencias de noticias, como parte de la estructura de dominación estadounidense, formando un poderoso aparato para los planes desestabilizadores en América Latina [5].

Quizás el caso más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su campaña de propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas y la CIA, a partir de la implementación de una fuerte guerra psicológica.

El periodista chileno Hernán Uribe asegura que a lo largo de toda la historia de Chile, no hubo un período en el que reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética profesional, como en el período presidencial de Allende. El propio presidente Allende, en 1970, declaró a la agencia Prensa Latina que su gobierno estaría a favor de una irrestricta libertad de prensa, pero también propiciaría que todos los actores sociales y corrientes ideológicas tuvieran acceso a la opinión.

«Actualmente, esos derechos están consagrados formalmente, pero su ejercicio en la práctica aparece restringido a sectores minoritarios que tienen una situación prominente desde el punto de vista financiero», señalaba Allende, según un recuento hecho por el también periodista Ernesto Carmona. Sus palabras, obviamente, no podían gustar a los magnates mediáticos. Menos cuando Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar que los medios en los regímenes capitalistas se convierten no en instrumentos de información, sino en instrumentos de desinformación de los intereses populares.

Guiados por la CIA, los medios opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza, no podían responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y mantener con hidalguía sus puntos de vista. Por el contrario, se dedicaron a difundir falsedades y a intentar dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que cocinarían la dictadura pinochetista. De allí que Allende reclamara, el 12 de febrero de 1973: «Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos».

Uribe resalta también que fue la CIA la encargada de manejar a la gran prensa chilena y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos. En este marco, el diario El Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, quien fungía como vicepresidente de la SIP, recibió los dólares suficientes para su campaña contra Allende, y llegó incluso a dejar de circular durante un día, alegando amenazas, «con el objetivo de armar un escándalo desinformativo que clamara `por el cierre' de El Mercurio».

De acuerdo con el periodista chileno, las falacias fueron tales que la campaña denunciaba que se agrediría a la prensa cortándole el suministro de papel, cuando en realidad el gobierno no tenía relación en el negocio del papel, pues el productor monopólico de ese elemento era una empresa privada.

En la investigación realizada por Gargurevich, se demuestra que esta campaña de desestabilización en el Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del gobierno de la Unidad Popular, tanto interna como externamente. Ese «frente externo» estaba conformado por los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran redactadas por la CIA, difundidas por las grandes agencias de prensa y publicadas por los afiliados sipianos.

La SIP llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en octubre de 1972, reunión a la cual Allende no se negó, a pesar de la oposición de diversos sectores chilenos, conocedores de las intenciones de la organización. Aquella reunión en la que de nuevo se «defendía la libertad de prensa» tuvo, por supuesto, una amplia repercusión mediática.

El trabajo de la SIP y sus asociados en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, también ha sido develado por documentos de la CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro La CIA en Uruguay del historiador Roberto García [6].

La investigación histórica hecha por García prueba que las prioridades propagandísticas establecidas por la CIA en contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa de derecha de Uruguay. Medios como El País y El Día publicaban editoriales sobre la «infiltración comunista» elaborados por la CIA, incluso con errores de traducción del inglés y descaradamente destacados por ambos periódicos con un solo día de diferencia.

Las pruebas se encuentran en documentos como «CIA, Guatemala­ General Plan of Action» (Doc. Nº 135875, 12 November 1953), que establece los contenidos esenciales del plan de desinformación continental contra Arbenz; y «CIA, Hemisphere Support of PBsuccess» (Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.
Toda esta operación estaba coronada por la infaltable denuncia de la SIP sobre violación de la libertad de prensa en Guatemala. En su publicación oficial Press of the Americas (Num. 25, Vol. 1, marzo 1º de 1954), la SIP apoyaba sus preocupaciones en una conferencia de prensa ofrecida por Jules Dubois, presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP, luego que el presidente Arbenz alertara que la prensa estaba fomentando una intervención extranjera en su país.

De la misma manera, Gargurevich establece en su investigación los paralelismos entre la operación puesta en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña que logró la derrota del primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en las elecciones de octubre de 1980, acusadas de fraudulentas. Manley había sido señalado por Estados Unidos de inclinarse hacia el comunismo -con todo lo que eso significaba en el marco de la Guerra Fría-, tras establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los no alineados, elevar los impuestos a empresas transnacionales y declarar que su país se encaminaba hacia un socialismo democrático.

En este caso, el papel que jugó El Mercurio en Chile fue adjudicado a The Daily Gleaner, que en 1979 fue acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de asumir una conducta no profesional, y cuya feroz campaña contra el gobierno de Manley fue ampliamente reproducida por los diarios afiliados a la SIP.

Es conocida también la vinculación CIA-gran prensa contra el gobierno sandinista en Nicaragua, denunciada en 1981 por los periodistas nicaragüenses; y en general contra los gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la región que tomen medidas que puedan afectar a los intereses de las oligarquías locales y de Estados Unidos.

La propaganda negra continúa
Luego de probar con éxito estos esquemas de propaganda negra contra gobiernos democráticos y populares, el eje CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo obvia su utilización en el caso de Cuba, Argentina, con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador, con el presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez.

En el año 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, denunciado por su vinculación con la dictadura uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al cual acusó de «manejar la publicidad de manera selectiva» y «tratar con desconsideración» a los medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a la disposición del gobierno argentino de distribuir la publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los medios pequeños, medianos y grandes.

Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias comunidades.

En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado ha denunciado que la SIP ubica al presidente Correa como «hostil a la prensa», sólo por sus expresiones para calificar a determinados medios y representantes de la prensa, frente a acusaciones y calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna discreción.

Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez, reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual estaría en peligro la libertad de expresión.

En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión -conocida como Ley Resorte- en el año 2004, la SIP, fiel a su precepto de que «la mejor ley de prensa es la que no existe», afirmó que esta legislación estimulaba la censura previa, cuando en realidad buscaba promover el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz. Sin embargo, en abril de 2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black out informativo de los canales privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el efímero gobierno de facto.

Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los intereses de Estados Unidos ha quedado de nuevo en evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de octubre de 2003, la entonces consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP que apoyara al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos luego de una intensa represión policial.

La SIP defiende el viejo orden

La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado campañas en contra de gobiernos legítimos, sino que ha tocado también a organizaciones internacionales del propio sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los pueblos latinoamericanos en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Así ocurrió en los años setenta contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuando ésta promovía el derecho de los Estados a establecer políticas comunicacionales.

En esa década, los países no alineados iniciaron un ágil movimiento exigiendo la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (Noei) que superara las injusticias del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este Noei, el Movimiento de los No Alineados, en su Declaración de Argel de 1974, proclamó la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), que contribuyera a la democratización de las comunicaciones, utilizando entre otras fórmulas, la definición de políticas nacionales de comunicación. Denunciaba el Noal al sistema informativo existente como un instrumento de dominación.

La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue inmediata y constituyó una cerrada defensa a la doctrina del libre flujo de la información [7], en lo cual de nuevo la SIP actuó como su aliada. A esa doctrina, los países del llamado Tercer Mundo oponían la exigencia de un flujo equilibrado, a través de la reestructuración de los sistemas de información y comunicación, contra la unidireccionalidad de los mensajes y la concentración mediática.

Las denuncias contra ese «libre flujo» encontraron una aliado en el informe «Un solo mundo, voces múltiples», presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión nombrada por la Unesco y presidida por el Premio Lenin y Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride. En ese documento, conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio del flujo informativo y se planteaba la necesidad de mayor justicia en el intercambio de información, así como de menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación.

La SIP se convirtió en una de las más feroces voces opositoras al Nomic y a la implementación de políticas nacionales de comunicación (PNC), en una actitud reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de democratización de la comunicación, que lógicamente atentaría contra los intereses de los poderosos grupos mediáticos.

El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el Nomic fue el más trillado de toda la época de la Guerra Fría: ese nuevo orden olía a conspiración comunista y estaba impulsado por la Unión Soviética.

Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera la democratización comunicacional, la SIP se unió a otra patronal regional, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente, al descalificar la acción de la Unesco, organismo que bajo la conducción del senegalés Amadou M'Bow había decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre comunicación y desarrollo. El acoso contra la Unesco no cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su retiro del organismo, denunciando la politización de este foro; y se obtuvo el nombramiento del español Federico Mayor Zaragoza, una figura considerada mucho más dócil ante los intereses dominantes. De allí que el investigador venezolano Oswaldo Capriles concluyera:

«El castigo sufrido por Unesco es una de las principales lecciones que pueden sacarse en cuanto a la terrible fuerza que las organizaciones de agencias y medios noticiosos occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar opinión a través de la tergiversación de la información, sino en cuanto a la capacidad para presionar directamente los gobiernos y obtener resultados políticos de tal gravedad en la escena de los organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas». (1996, p. 42)

Los encargados de esta campaña fueron principalmente The New York Times, las agencias de noticias AP, UPI y AFP, y sobre todo la SIP y la AIR.

La acción de la SIP fue particularmente fuerte en 1976 en contra de la Conferencia de San José de Costa Rica, donde los gobiernos latinoamericanos se reunieron para debatir sobre políticas nacionales de comunicación. La SIP, al no haber solicitado el estatus de observador en la Unesco, no fue invitada a la reunión; sin embargo, la patronal emprendió una campaña asegurando que al no invitarla se rehuía el debate y, en un golpe de efecto, anunció una reunión paralela en San José, «bajo la gritona dirección de un periodista dominicano, ex portavoz del fenecido dictador Trujillo», como señalaba Capriles.

En un análisis detallado de la campaña de la SIP y la AIR contra la Unesco, Capriles indica que ambas patronales lograron inundar la prensa del mundo con una guerra de opinión en la cual se impuso la idea de la existencia de una «tesis Unesco», inspirada por la «extrema izquierda» y atentatoria contra la libertad de expresión. Adicionalmente, los ataques se concentraban contra aquellos países que apoyaban la conferencia, mientras que en los grandes diarios disminuían las noticias negativas sobre los países que se mostraban dispuestos a colaborar.

Los comunicados emitidos por la Unesco no eran publicados por casi ningún periódico, mientras que cualquier documento emitido por el llamado Comité para la Defensa de la Libertad de Información, creado por la SIP y por el International Press Institute (IPI) como uno de sus frentes de batalla, era reproducido en todos los medios afiliados. La campaña de la SIP era repetida en Estados Unidos por los periódicos del grupo Hearts y el New York Times [8]. Entretanto, desde El Noticiero de la SIP, se mezclaban hechos sin conexión, acusaciones de antisemitismo, denuncias de maniobras de la «aplanadora rusa-Tercer Mundo» para arremeter contra la Unesco.

Aunque una de las estrategias aplicadas por la SIP fue insistir en un supuesto complot contra la libertad de expresión orquestado por gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo cierto es que como revela Capriles:

«En los países de gobierno dictatorial existió de hecho un acuerdo tácito entre gobiernos y medios difusivos sobre la base de situaciones previas de entendimiento, lo que demuestra de paso que los medios comerciales no estaban exigiendo democracia o libertad, sino defendiendo privilegios oligopólicos para su actividad publicitaria, actividad que en cambio consideraban amenazada en aquellos países de régimen de democracia formal, por el hecho de ser en estos -o al menos en algunos de ellos- donde se había planteado el tema de las políticas de comunicación, como elemento necesario para un avance o perfeccionamiento de la democracia». (Capriles, 1996, p. 57)

Algunos de los acuerdos de esa reunión de Costa Rica consistían en crear una agencia latinoamericana y caribeña de noticias, establecer formas de cooperación para el desarrollo de las comunicaciones rurales, formar un consejo latinoamericano de comunicación social, exigir una circulación equilibrada de comunicación e información en el plano internacional y reconocer el derecho a la comunicación como derivado del derecho universal de expresión. Sin embargo, todos estos propósitos fueron abandonados por los gobiernos ante la fuerte presión mediática.

Particularmente en Venezuela, la SIP encontró el apoyo de la patronal Fedecámaras, que el 3 de agosto lanzó una declaración en la cual hablaba sobre la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y alertaba contra el peligro totalitario.

Desde entonces hasta ahora, la SIP se ha mantenido actuando contra los intentos de reivindicación del derecho a la comunicación y a la información veraz. Es por ello que a finales de los noventa, acusó al gobierno de Rafael Caldera de tener tentaciones totalitarias, buscando impedir que presentara su propuesta del derecho a la información veraz en la VII Cumbre Iberoamericana, reunida en la isla de Margarita, en 1997.

En aquella cumbre, a pesar de la violenta oposición de la SIP, se aprobó por primera vez un párrafo que habla sobre garantizar el derecho a la información veraz, en el acuerdo 38 de esa conferencia, que aún está vigente. Este principio encontró luego caminos más firmes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra en el artículo 58 el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.

El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa?

En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar conceptos que legitiman su comportamiento y la autoerigen en un referente a la hora de definir qué es la libertad de prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién no. No obstante, cuando hace esto, está incurriendo en la usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta en nombre de quiénes actúa verdaderamente esta organización patronal. Veamos algunos ejemplos:

* La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas, pero como hemos visto, se trata de una organización empresarial que sólo representa a los dueños de los medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del gremio periodístico, como lo han denunciado periodistas de todo el continente.

* La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y quién respeta la libertad de expresión. Como advierte el periodista Ernesto Vera, la libertad de expresión es un derecho individual, del cual se deriva la libertad de prensa, pero en el tiempo de los medios masivos se convierte en un derecho colectivo. Es entonces un derecho de la sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo efectivamente en sus manos, es como si confiáramos que el derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las grandes clínicas privadas.

Oswaldo Capriles, en su libro Poder político y comunicación, señala también que la SIP utiliza la libertad de prensa para presionar en la opinión pública. Al presentarse como los encargados de definir en cuáles países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la opinión pública con un valor que no tienen. Recuerda además que se nos oferta la concepción dominante de la libertad de expresión como un exclusivo privilegio de los dueños de los medios.

En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de expresión, sino la sociedad? Es por eso que se denuncia con frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad de prensa con la libertad de empresa, que no es más que la defensa de su capacidad de realizar negocios, tal y como lo expresa la Felap:

«Siendo esta sociedad una agrupación nucleada con base en propietarios y editores de periódicos, la libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que la libertad de empresa que necesitan sus miembros para participar en el comercio de la prensa y utilizar la noticia con una mercancía u objeto de consumo» (2006, p. 28).

* La SIP pretende definir, sin la participación de otras instancias de la sociedad, qué es la libertad de expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del cual se han apropiado a partir de su poder económico. Esta pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración de Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un concepto de libertad de prensa que pretende una prerrogativa de los medios de difusión. La organización empresarial inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente asegura que los diez puntos establecidos en la Declaración se han establecido como «el estándar reconocido mediante el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y expresión». De hecho, aseguran que a partir de 1994, se ha tomado «un concepto abstracto», como el de libertad de expresión y se le ha dado una configuración que ha permitido que la gente ya no dé respuestas «confusas, esporádicas e incoherentes» cuando se le pregunta qué es libertad de expresión.

* La SIP invariablemente se presenta como la defensora de la prensa independiente. Vistos los cuantiosos ejemplos de manipulación y desinformación, habría que preguntarse, ¿esa prensa es independiente de qué? Independiente de los intereses populares; dependiente de los dueños del dinero y del poder.

* La SIP se opone duramente al concepto de información veraz, alegando que si lo aceptan tendrían que rendirles cuentas a los gobiernos, y que estos podrían censurar a la prensa al ser los que definan qué es la información veraz. Es esta una falsa dicotomía, porque es la sociedad la encargada de denunciar a los medios cuando mienten. El dilema no es SIP vs. Gobierno, sino SIP vs. Sociedad.

* La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes de prensa, defendiendo en su lugar el concepto de autorregulación. Sin embargo, el hecho de que alguien tenga dinero para poseer un medio de prensa que alcanza a centenares de miles o millones de personas, no lo coloca sobre la sociedad o al margen de la sociedad; igual debe responder y asumir una responsabilidad ética y social; si no, estaríamos ante la paradoja de un poder antidemocrático que actúa como contralor de otro poder, este sí democráticamente constituido, sin tener que rendir cuentas y sin posibilidad de ser cambiado.

Habría que recordar, como lo hace Vera, que la prensa se apoya para su existencia en preceptos constitucionales que no se compraron con dinero, sino con el sacrificio y la sangre de todos los que lucharon por tener independencia.

Poderosos, pero no todopoderosos

A pesar de este historial de alianzas imperialistas, manipulaciones y desinformación, en los últimos tiempos gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios, han logrado obtener victorias en procesos electorales en América Latina, aun en contra de la voluntad y la posición de los grandes medios de prensa, lo cual representa una derrota para los poderosos de la SIP. Esto evidencia, sin duda, un crecimiento de la conciencia crítica de los pueblos, aun cuando las campañas de propaganda negra continúan haciendo daño e intentando doblar la voluntad popular de avanzar hacia la transformación de nuestras realidades.

Una idea defendida por Ernesto Vera, luego de años en el ejercicio del periodismo, es que los dueños de los medios son poderosos, pero no todopoderosos. Y su punto débil radica precisamente en que su mensaje ofende la inteligencia humana y no se identifica con la realidad de la inmensa mayoría de los destinatarios. Es por ello que aun con menos recursos, tecnológicos y financieros, es preciso insistir en la tarea de desarrollar la conciencia crítica sobre lo que significan esos medios y sobre quiénes son sus dueños, y los dueños de esos dueños.

-----------

[1] Las informaciones y reflexiones aportadas por el periodista cubano Ernesto Vera surgieron de una entrevista personal realizada para este trabajo. Vera es presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

[2] En 1950, la SIP tenía un total de 778 miembros, 424 eran estadounidenses, 314 eran latinoamericanos y 22 canadienses y europeos.

[3] Para dar respuesta a este llamado, pasarían 25 años, pues fue sólo en 1976 cuando se creó la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), bajo el principio de apoyar siempre el derecho de los pueblos a la información veraz. Para fundar la Felap fue fundamental la acción del combatiente periodista peruano Genaro Carnero Checa, quien logró que el presidente de México para ese entonces, Luis Echeverría, le diera apoyo al nacimiento de la organización. Hoy en día, las acciones y declaraciones de la Felap continúan siendo silenciadas por los grandes medios.

[4] Las citas sobre este libro de Selser están recogidas por el periodista José Steinsleger, en el artículo «SIP: Mordaza de libre presión», publicado por el diario mexicano La Jornada, el 15 de octubre de 2006. Sobre este tema de la SIP, Selser también es citado con frencuencia por Juan Gargurevich. Steinsleger anota que si la SIP fuese una entidad realmente comprometida con la libertad, la independencia y la democracia, el edificio que en Miami alberga su sede debería llamarse Gregorio Selser (1922-1991), en lugar de Jules Dubois.

[5] El investigador venezolano Oswaldo Capriles, en un libro titulado Poder político y comunicación, puntualiza que sin duda las agencias de seguridad estadounidenses han estado involucradas en la conformación de la SIP, aunque los dueños de los medios no necesiten mucha presión para mantener posiciones coincidentes con el complejo industrial-político-militar estadounidense, dado su lugar dentro de las élites dominantes. De allí se explica la tendencia ultraconservadora que otorga a la SIP.

[6] Las notas sobre el libro de García fueron publicadas en el diario uruguayo La República, el 20 de agosto de 2007, bajo el título «La CIA ordenaba; El País y la SIP ejecutaban». La reseña del diario recuerda que Arbenz encabezó el segundo gobierno de lo que se llamó la primavera democrática en Guatemala y fue derrocado el 27 de junio de 1954, por una invasión de un ejército libertador organizado, financiado y armado por EEUU. «La operación de la CIA para derrocar a Arbenz se denominó 'Sucess' y fue la primera que incluyó la implementación de un aparato de construcción de opinión a nivel continental según la definición propia de los EEUU. La operación fue autorizada por el presidente de EEUU, Dwigth Einshower e instrumentada por el entonces canciller John Foster Dulles, y su hermano Allen, director de la CIA. Los hermanos Dulles, eran accionistas de la United Fruit Company, propietaria de enormes latifundios y plantaciones en Guatemala, afectados por la Reforma Agraria emprendida por Arbenz para darles tierra a los miles de campesinos e indígenas privados de ella».

[7] Ya en la Conferencia Interamericana de Chapultepec, realizada en 1945, Estados Unidos había impulsado la aprobación de una resolución relativa a la libre circulación de noticias. Como destaca el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, en su libro La información internacional en América Latina, estas resoluciones podían ser inobjetables en la letra, pero en la práctica «sólo beneficiarían al único país en capacidad de hacer circular todo tipo de mensajes comunicacionales, consciente del poder de la información». Un año después, en 1946, el Departamento de Estado informaba que un subsecretario de Estado se ocuparía de los asuntos de comunicación, con la función expresa de romper las barreras que se oponían a la expansión de los medios estadounidenses en el planeta, asumiendo la libertad de prensa como parte de la política exterior estadounidense.

[8] La reportera del New York Times, Deidre Carmody, sostenía los argumentos de la SIP y se quejaba de la imposibilidad de presentar los alegatos de la UNESCO afirmando que no había sido posible contactar a ninguno de sus funcionarios en la conferencia de Costa Rica, cuando luego quedó al descubierto que no sólo no estaba acreditada como corresponsal para el evento, sino que tampoco se encontraba en San José.

Referencias

Capriles, O. (1996). Poder político y comunicación. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Carmona, E. (2003, septiembre 14). «Allende y la libertad de prensa». Tomado de http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1477/article-41287.html

Díaz Rangel, E. (1991). La información internacional en América Latina. Caracas: Monte Avila Editores.

FELAP (2006). FELAP. Treinta años de principios. México: Universidad de Colima.

Gargurevich, J. (1981). A golpe de titular. CIA y periodismo en América Latina. Praga: Videopress.

La República (2000). "La República renunció a la SIP". Tomado de http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2000/076_11.2000/076_InfoGral11.php3

La República (2000, octubre 23). «Durante la gestión de Arbilla en la dictadura masacraron a la prensa». Tomado de http://www.larepublica.com.uy/politica/25918-durante-la-gestion-de-arbilla-en-la-dictadura-masacraron-a-la-prensa

Maldonado, A. (2007). «Correa ya está en la lista negra de la SIP». www.cubaperiodistas.cu/noticias/noviembre07/14/04.html

Mazzarovich, G. (2007, agosto 20). «La CIA ordenaba; El País y la SIP ejecutaban». Tomado de http://www.larepublica.com.uy/politica/271431-la-cia-ordenaba-el-pais-y-la-sip-ejecutaban%20(20

MacBride, S. et al (1993). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.

MinCI (2004, diciembre 6). «Comunicado oficial del Ministerio de Comunicación e Información ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)». Tomado de http://www.minci.gob.ve/noticias/1/1889/mci_responde_a.html

Red Voltaire (2005, marzo 5). «Néstor Kirchner y la SIP: 'No nos vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa los que para imponer sus ideas mataron, asesinaron y secuestraron'». Tomado de http://www.voltairenet.org/article124103.html

Rodríguez, C. (1950). «Crónica de un New York entrevisto». La Habana: La Vanguardia.

SIP (1994). «Proyecto Chapultepec». Tomado de http://www.declaraciondechapultepec.org/

Steinsleger, J. (2006, octubre 11). «SIP: Mordaza de libre presión». Tomado de http://www.jornada.unam.mx/2006/10/11/index.php?section=politica&article=022a1pol

Uribe, H. (2002, marzo 30). «En busca de un Pinochet perdido». Tomado de http://www.pww.org/article/articleprint/926/

Fuente: http://www.pcv-venezuela.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5905&Itemid=1

---------
Marco Antonio Santivañez Soria
Conductor y productor INDEPENDIENTE
PRODUCTORA IDECOM
Ideas Comunicacionales
COCHABAMBA-BOLIVIA
Teléfono
00591-4-4236827 00591-4- 4268635
CELULAR EN BOLIVIA
00591-722-83831