- 22/09/2011
Resulta doloroso -en particular para quienes nos sentimos comprometidos con este proceso de cambio (e identificados con este Gobierno y este Presidente)-, ver que, en torno al conflicto del TIPNIS, se está atentando contra la esencia misma del Estado plurinacional.
Si nos preguntamos cuál es la formulación que niega y supera el viejo Estado colonial, la respuesta es el concepto de Estado plurinacional, ya que si el concepto colonial hace referencia a la supuesta superioridad de unos pueblos sobre otros, el concepto plurinacional viene a expresar nítidamente lo contrario. Pero además ¿por qué decimos pluri y no simplemente multinacional? Porque el término pluri hace referencia a la importancia de la diversidad, al respeto por las diferentes culturas y naciones, al margen de su importancia numérica. Por eso el artículo 5 de la Constitución enumera los 36 idiomas como igualmente válidos y oficiales, más allá de cuántos sean sus hablantes.
Sin embargo, en los últimos días estamos asistiendo a una suerte de calificación -o descalificación- de los pueblos indígenas de tierras bajas a partir de criterios cuantitativos: son pequeños para las tierras que ocupan, son poquitos para la representación política que ostentan, no son quién para poner condiciones al desarrollo que la mayoría anhela. Vemos con angustia que con esta visión descalificadora -sumada a la veneración por el viejo desarrollo que nunca nos trajo nada- en realidad estamos volviendo al antiguo concepto del Estado-nación con que soñaron los gestores del Estado del 52, para acabar nomás ratificando el Estado colonial.
Cómo me gustaría estar equivocado, o por lo menos mal informado, pero las noticias de cada día vienen a confirmar este sentimiento de angustia. Para empezar se prescindió de la consulta previa prevista por la Constitución; cierto que ahora se anuncia una consulta, pero ya no será previa, toda vez que el contrato con la OAS está firmado y los trabajos han empezado.
Luego el Gobierno hizo evidentemente esfuerzos por dialogar, pero eran esfuerzos meramente físicos (viajar al lugar una y otra vez), ya que desde el principio estaba claro que el diálogo no iba a cambiar la decisión ya tomada respecto de la carretera (actitud tristemente confirmada nada menos que por nuestro canciller, por lo demás nada sospechoso de actitudes coloniales). O sea, el diálogo era una mera formalidad.
Y finalmente viene la agresión represiva. Mientras la Policía levanta los bloqueos guaraníes en la carretera del sur -y lo hace con violencia, y con varios heridos-, en Yucumo la Policía no sólo no levanta el bloqueo de los colonizadores sino que lo refuerza, y practica la intimidación de los marchistas indígenas (hasta el extremo impensable de decomisarles alimentos y de dificultarles el acceso al agua).
Y ojo, todo esto no tiene que ver con una apreciación acerca de las 16 reivindicaciones del pliego de la CIDOB. Que éstas sean excesivas, que pudieran ser en algunos casos inaceptables, es otro tema. Lo coherente, cuando se respeta al otro, es discutir con él e intentar mostrarle sus errores, en ningún caso descalificarlo, llamarle salvaje, acusarlo de dejarse manipular por supuestas ONG que nadie se anima a enumerar, sacar a luz delitos de algunos de sus ex dirigentes, o acusarlo de estar con la oposición (supongamos que sí, ¿acaso los derechos constitucionales de los pueblos indígenas están condicionados a su posición política coyuntural?).
Y ahí está la marcha, detenida a las puertas de Yucumo y concitando la solidaridad de propios y extraños (por supuesto los extraños son los señores de la derecha que milagrosamente ahora vienen a interesarse por sus antiguos siervos y por lo poco que ellos nos dejaron de naturaleza).
Y hablando de la derecha: Cuando dichos señores tomaban instituciones públicas, maltrataban a indígenas, convocaban referéndums ilegales y no permitían la llegada del Presidente a dos tercios del territorio nacional, no les enviamos la Policía para reprimirlos (tuvimos sabia paciencia). ¿Por qué sí la enviamos ahora para reprimir a los mismos indígenas que esos señores maltrataban impunemente? ¿No es realmente un golpe contra el Estado plurinacional?
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
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