La investigación solicitada por partidos políticos, y luego organizaciones indígenas, en el caso de la violencia contra los indígenas que defendían el Territorio Nacional del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) parece tener un objetivo político y la necesidad de un rating mediático antes que esclarecer la verdad, a juzgar por lo que se publica.
De ahí que lo que informa la prensa debe siempre ser analizado con beneficio de duda y comparado con los documentos o declaraciones de las fuentes que los mismos medios citan ya que suelen ser malinterpretados o sacados de contexto cuando no tergiversados a propósito.
Así, luego de una revisión a las declaraciones del exviceministro del Gobierno, Marcos Farfán, ante la Fiscalía, partes de las cuales fueron filtradas por el periódico Página Siete, y del informe textual al que ha tenido acceso este mismo medio (Un informe del ex viceministro Marcos Farfán revela los hechos de la represión en Yucumo, 14 de noviembre de 2011), informe que fue reconocido como auténtico por el mismo exviceministro, se desprende lo siguiente:
El presidente nunca dio orden para una intervención a los indígenas. El viceministro, Marcos Farfán, declara que, en todo momento, el presidente recomendó no usar la fuerza ni la violencia en ninguna marcha o manifestación, y que pidió de manera expresa no usar ninguna provocación ni violencia en el caso del TIPNIS.
Que había un operativo para intervenir al amanecer del domingo la marcha a raíz de “un secuestro del canciller, David Choquehuanca”, por parte de los indígenas, denunciado ante la Fiscalía.
Dificultades operativas habían sido detectadas por el viceministro Marcos Farfán que se oponía a un operativo como éste sin orden fiscal. El ministro Sacha Llorenti, le había informado la medianoche del sábado, inicio del domingo, que el operativo había sido suspendido para el lunes.
La presencia sorpresiva de dos generales policiales, Muñoz y Palacios, enviados desde La Paz, el domingo por la mañana, muestra que la organización para el operativo prosiguió a espaldas del viceministro Farfán. El general Foronda, quien al igual que Farfán, había expresado reticencia al operativo, había retornado a La Paz, sin explicación alguna. Los dos generales intentaron convencer a Farfán para realizar el operativo ante informes de inteligencia. El viceministro se negó rotundamente al hecho.
El viceministro Farfán ha aclarado a Página Siete que nunca dijo ni declaró ante la Fiscalía que el ministro Sacha Llorenti dio la orden para la intervención, y es cierto a juzgar por el análisis de las fuentes del periódico.
Lo que está claro es que el general Muñoz informó a Farfán acerca de la intervención de la marcha mientras Farfán se hallaba en plena reunión pública. Son testigos de la charla y la expresión atónita varias personas.
El viceministro Farfán se dirige rápidamente a su hotel para cambiarse porque estaba en chinelas y en shorts, un dato que obviamente muestra que no pasaba por la cabeza del viceministro ninguna acción de hecho.
Los hechos, según el viceministro
Las puntualizaciones más importantes del informe del Viceministro publicado por Página Siete son las siguientes:
1. El exviceministro Marcos Farfán ha declarado ante la Fiscalía que el presidente Morales nunca dio orden alguna para usar la violencia contra los indígenas. Farfán afirma que el presidente Evo Morales, pidió en reiteradas oportunidades no usar la violencia contra ninguna manifestación o marcha alguna, y evitar la violencia en el TIPNIS.
2. Tras el “secuestro del canciller” por parte de los indígenas el sábado, 24 de septiembre, contra el canciller, David Choquehuanca, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, instruyó al viceministro se realice un plan de rescate del canciller, y, a la vez, un plan de intervención a la marcha indígena. El primer plan no se llevó a cabo porque el canciller fue liberado en el día, pero quedó pendiente el segundo plan. El ministro Sacha Llorenti instruyó, a las 14:30 Hrs del sábado, 24 de noviembre, el viaje a Yucumo del viceministro Farfán para “la evacuación de los marchistas para el amanecer del domingo, 25” Dos generales, dice el ministro, viajarán con él para reforzar el operativo de la intervención de la marcha. Sin embargo, los policías no llegaron nunca por lo que el avión partió sin ellos.
3. Llegado a Yacumo, el viceministro Farfán se reúne con el comandante policial acantonado en la zona, el Cnel Chávez y otros oficiales son informados por farfán de que el gobierno tramitaba un requerimiento fiscal contra los indígenas por el secuestro del canciller y tentativa de homicidio, y que en cumplimiento de este requerimiento existía la orden superior de intervenir la marcha al amanecer del día siguiente.
4. Los policías analizan que no era posible el operativo debido a limitaciones logísticas, no se tenía conocimiento del terreno, ni de la distribución de la gente y que en ese escenario podía desencadenarse un escenario de violencia. El viceministro, que se halla en ese momento junto con el director de Régimen Interior, Boris Villegas, comunica al ministro de esta situación, pero Llorenti es enfático y taxativo para reiterar la orden.
5. El General Foronda aún tiene la esperanza de disuadir a los indígenas y dice que el domingo se tomará contacto con ellos para disuadir de la marcha.
6. A las 00:05 Hrs, medianoche de ese sábado, cinco minutos del inicio del domingo 25, el ministro Llorenti comunica que había evaluado las limitaciones y que estaba de acuerdo con postergar el operativo hasta el día lunes, 26 de septiembre, con el fin de superar los problemas. La contraorden fue traspasada al general Foronda.
7. El domingo 25, a las 09:00, el viceministro Farfán y el director de Régimen Interior, Boris Villegas, se dirigen al cuartel de UMOPAR, donde el general Foronda se hallaba realizando los requerimientos logísticos para el operativo. Se esperaba la llegada de 60 efectivos más de Trinidad. Allí deciden volver a reunirse a las 18:00 Hrs de ese domingo para pulir los detalles del plan, con toda la información evacuada.
8. A las 15:30 Hrs. el viceministro se hallaba reunido con el fiscal Muñoz de San Borja y el comandante policial de Yucumo para coordinar el operativo, y éste fiscal debía llegar con el fiscal de Rurrenabaque porque, según Farfán, se entendía que en La Paz se había presentado una denuncia, según anunció en la sede de gobierno el ministro Llorenti, por el secuestro del canciller y el requerimiento fiscal llegaría hasta esa hora. Farfán, en sus declaraciones a la Fiscalía, afirma que, en todo momento, exigió la presencia de los fiscales para llevar a cabo el operativo, como abogado que es.
9. Luego de la reunión con el fiscal de San Borja, o sea pasadas las 15:30 Hrs, llevada a cabo en la comisaría de Yucumo, en presencia del comandante de Yucumo, el viceministro Farfán y el director de Régimen Interno, Villegas se encuentran en la calle con los generales Muñoz y Palacios, que habían llegado de La Paz en horas de la mañana y que hasta esa hora no se habían presentado ante el viceministro.
10. El general Palacios informa al viceministro que tenía informes de inteligencia en sentido de que los arqueros y lanceros indígenas estaban en apronte, intentando romper la barrera policial y que se hallaban apartados del grueso de la marcha, lo que constituía un momento propicio para intervenirla.
11. A dicha propuesta descabellada, dice Farfán, respondimos (seguramente con Villegas) con una contundente negativa, “nos opusimos categóricamente a ejecutar el operativo a esa hora y les dijimos a los generales que sin el requerimiento ni la presencia fiscal el operativo carecía de legalidad y no se garantizaría la vida y la seguridad de las personas ni los derechos constitucionales”.
12. Farfán y el Director de Régimen Interno, Boris Villegas, se dirigen, luego, a una reunión con los dirigentes Husco, Lober, un miembro de la Confederación de Campesinos, un funcionario de la presidencia y Jorge Arzabe del viceministerio de Régimen Interior, o sea mucho después de la primera reunión que fue a las 15:30 Hrs y de su encuentro con los comandantes. Se coordinaba el retiro del bloqueo al amanecer del día siguiente puesto que se les había informado que se estaban realizando negociaciones y gestiones con los indígenas para su evacuación.
13. De repente, en medio de la reunión, dice Farfán, recibí la llamada del general Muñoz Colodro, indicándome que la situación se había precipitado y que se produjo un enfrentamiento entre policías y marchistas y que estaban procediendo a la intervención. Atónito, prosigue Farfán, le pregunté si tenían una orden y me contestó: “Sí, de La Paz”. Farfán explicó a los miembros de la reunión que se había producido una intervención.
14. En ese momento, Farfán llamó al ministro Llorenti comunicándole lo repentino de la intervención policial. El ministro le responde que lo tenga al tanto del operativo cada diez minutos.
15. Como nadie esperaba el adelanto del operativo, Farfán había asistido a la reunión con los colonizadores en shorts y chinelas, por lo que tuvo que ir rápidamente a cambiarse al hotel, desde donde, con el Sr. Villegas, se dirigen al puente de San Lorenzo.
16. Cuando llegaron al puente de San Lorenzo, la policía se encontraba ya en plena intervención.
Entre las conclusiones que saca el propio Viceministro se destacan aquellas en las que dice que:
• El operativo no contó con requerimiento ni presencia de fiscal; que el general Muñoz Colodro o hizo conocer a su persona acerca de su presencia en Yucumo y en UMPSR hasta las 13:00 Hrs, no obstante de haber llegado a la región a las 10:00 Hrs.
• Nadie del viceministerio, incluida su persona, participó del plan de operaciones ni de las decisiones que se tomaron en UMOPSR entre las 10:00 Hrs. y el mediodía de ese domingo.
• Según el reporte de otra funcionaria de gobierno, se establece que las características que tuvo el operativo fueron resultado de las instrucciones impartidas en reunión de la plana mayor y la formación del personal policial durante la mañana del 25 de septiembre en UMOPAR.
• El general Muñoz actuó o bien por cuenta propia o con alguna orden de La Paz, dice Farfán, no menciona a Llorenti. Si es el segundo caso, puede deberse a que el ministro de Gobierno vio debilidad y duda en el operativo por parte mía la noche del 24 cuando se le llamó explicándole las limitaciones.
• El haber denegado, nosotros: Farfán (al parecer Boris Villegas) toda posibilidad de operar esa tarde del domingo debido a la ausencia de fiscal y el requerimiento, por una parte, y por otra, al haber sido sorprendido, en plena reunión con los colonizadores, por la intervención abrupta a la marcha, demuestra meridianamente, que la orden de intervención no provino de mi persona y menos de Boris Villegas, señala el viceministro.
• Tanto por los hechos relatados en el informe, así como por las previsiones constitucionales de la Ley Orgánica del Órgano Ejecutivo, se establece de manera lógica que es material y jurídicamente imposible que el Viceministro de Régimen Interior dirija o imparta órdenes a la policía boliviana o que, en su defecto, ésta dé cumplimiento a las mismas.
Otros elementos a tomar en cuenta
En las publicaciones de prensa sobre el TIPNIS se habla de todo menos de un dato que no debe olvidarse si queremos entender todo el problema.
El presidente, Evo Morales, había convocado a un diálogo a los dirigentes de la marcha para ese domingo, 25 de septiembre, a las 20:00 Hrs. en Palacio de gobierno. Un pedido que se sumó a otros que salieron desde el gobierno pero que no respondían a la demanda indígena para que el presidente Morales acuda hasta donde permanecía la marcha.
Otro importante dato es que el “enfrentamiento” entre indígenas y policías pudo precipitarse por las circunstancias, a juzgar por las declaraciones del propio presidente del TIPNIS, Fernando Vargas, en torno a los sucesos.(Ver declaración de Vargas, 28 de septiembre de 2011, a la Fundación Tierra, a tres días de los sucesos: "Fernando Vargas: Sentí orgullo de que me reprimieran por defender a mi pueblo")
Fernando Vargas: "Sentí orgullo de que me reprimieran por defender a mi pueblo"
Dice Vargas: "A las cinco de la tarde, cuando fui a hablar con los policías (que se acercaron a un kilómetro del campamento de San Lorenzo donde estaban los indígenas) para que se replieguen al lado donde acampaban (en el aserradero de Chaparina a cinco kilómetros), nos dijeron que ‘no’ porque los habían votado del aserradero, nos pidieron 30 minutos, nosotros dijimos está bien pero se tienen que ir. Nos dijeron que ‘lleguen nuestras movilidades’, los compañeros (guardias indígenas) se calmaron. Entonces yo salí hacia la carretera porque había varias compañeras que estaban interrogando a otros policías. Y les dije: ‘Déjenlos, no les hagan nada’, los dejaron y luego corrieron. Yo no vi sinceramente, pero me parece que vieron a los policías que venían. Ellas corrieron se metieron por el lado del monte. En eso cuando llegué (a la carretera) yo vi que venían filas de policías tras de mí. Había un hombre civil de blanco que me dijo ‘a vos te conozco y vos sos responsable de todo esto, vos vas a pagar eso’. ‘Está bien -le dije- pero también vos vas a pagar lo que vas hacer ahora’.“Luego, llegó la Policía y ya no más veo cómo se lanzaron en contra mía”, dijo Vargas en sus declaraciones.
En busca de chivos expiatorios
Sin que hubiese ninguna investigación de los hechos, llama la atención que el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, hubiese acusado apresuradamente al viceministro Farfán como responsable de los hechos cuando también existen testigos claves, entre los mismos funcionarios y dirigentes sociales, que han presenciado y escuchado la llamada en la que el general Muñoz informa a Farfán que se ha producido el operativo.
Poco después del operativo, Farfán renuncia indignado por la acusación, e incluso, en esas circunstancias considera que las acciones policiales pudieron precipitarse, como informó Muñoz Colodro.
La actitud del ahora exviceministro Farfán contradice con la que han asumido algunos comandantes policiales, así como personeros del gobierno, como el exministro Sacha Llorenti, que buscan, a como dé lugar, un “chivo expiatorio” en lugar de esclarecer los hechos que analizados con calma pueden dar luces sobre las lamentables circunstancias en que se produjeron y explicar lo ocurrido; aunque nunca habrá un justificativo para que el Estado responda con la fuerza ante una demanda social.
De ahí, que ante las contundentes declaraciones del Viceministro Farfán, algunos medios recurran a fuentes confiables –no documentos ni declaraciones con nombre y apellido- y a decir, por ejemplo, que: “Quince minutos antes de comenzar el operativo policial para la represión a la marcha indígena, el exviceministro de Gobierno, Marcos Farfán, dio la autorización para iniciar las acciones de intervención a la marcha indígena el pasado 25 de septiembre, según información a la que tuvo acceso ERBOL” (“Revelan que 15 minutos antes del operativo, Farfán dio orden de intervenir”, 15 de noviembre de 2011), un intento de desbaratar el informe del viceministro que muestra de manera sencilla los hechos ocurridos con testigos al lado que, esperemos, no cambien ahora sus testimonios.
Periodistas involucrados en la investigación por el Movimiento sin Miedo
Un tema que también ha sido tergiversado es la petición del Movimiento Sin Miedo y su dirigente, Juan del Granado, a quien se le ocurrió la idea de convocar como “testigos de cargo” a los periodistas que cubrían la marcha y con ese fin presentó una lista a la Fiscalía. (MSM presenta lista de testigos de la represión y pide aprehender a representantes de OAS. ERBOL, 9 de noviembre de 2011)
Sin embargo, este pedido a la Fiscalía, que involucra a los periodistas, fue atribuido al gobierno y, en el mejor de los casos, a la Fiscalía por presiones del gobierno.
Muy pocos medios expresaron su rechazo en el contexto correcto. Es el caso del Deber que dice: “El Movimiento Sin Miedo (MSM) incluyó a tres periodistas en la lista de diez testigos de cargo en la investigación por la represión ocurrida el 25 de septiembre en Yucumo, a la marcha indígena. La petición fue rechazada por los gremios periodísticos, por considerar que es un acto de amedrentamiento a los comunicadores.” (El Deber, 10 de noviembre. Tres periodistas están en la lista para declarar. Fueron incluidos por el Movimiento Sin Miedo.)
En cambio, las declaraciones del fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, señalan: “Este desliz jurídico habla de un mal trabajo de la Fiscalía. Es una mala interpretación de la cobertura periodística que viene a empeorar una relación que, de por sí, es conflictiva entre el Gobierno y el gremio periodístico”, dijo Vargas (Radio Panamericana, 10 de noviembre de 2011)
La investigación acerca de la condenable violencia contra los indígenas no puede estar mediada por el interés político partidario o de otro tipo, porque no contribuye al esclarecimiento de los hechos sino, tan solo, se convierte en un rating mediático inescrupuloso y en un uso político desaprensivo de las víctimas y de los hechos dolorosos de Chaparina que han conmovido a todo el país.
Amanda Dávila
Periodista
